José María Barreiro, director Xeral de función pública, acaba de tomar la primera decisión complicada de su cargo debido al famoso caso de las filtraciones a en las pruebas de acceso para los subgrupos C1 y C2 de la Xunta por parte de tres hermanos.
Según José María Barreiro urge adoptar medidas contundentes que minimicen el riesgo de maniobras fraudulentas de este tipo en un acceso al empleo público al que la crisis económica ha realzado su tradicional atractivo en Galicia.
–La investigación de Función Pública sobre las filtraciones exculpa a los miembros de los tribunales pero no aclara cómo se produjo el fraude.
-Lo deja al fiscal, porque podrá investigar con más medios que la Administración. Es el Ministerio Fiscal el que, a otro nivel, tiene los medios para hacerlo bien, además de las facultades legales. Quiero aclarar que esa investigación interna la iniciamos nosotros, y no lo hicimos a instancia de nadie.
-¿Y qué esperan que determinen los jueces en cuanto al origen de la filtración?
-Sé que el asunto puede estar complicado. Pero cuando se ha producido una irregularidad, si se sanciona sirve como prevención para otros casos.
-Los sindicatos se quejan de que los hayan apartado de los tribunales. Incluso relacionaron esa ausencia con la aparición de estas irregularidades.
–Su presencia no supone ni mayor ni menor garantía en las oposiciones. En estos momentos, no están en los tribunales. Así lo dice el estatuto básico del empleado público. Incluso un informe de la asesoría jurídica de la Xunta de septiembre del 2008, que decía que los sindicatos no debían estar en los tribunales. Es una demanda que se analizó en su momento. La decisión estaba por tomar, pero ya se había pedido. Al final, la aplicamos para primar el conocimiento técnico y porque entendemos que la ley no establece en este momento la presencia de los sindicatos. Así sucede en casi todas las comunidades autónomas y también en la propia Administración del Estado.
-¿El caso que ha acabado con la exclusión de cinco opositores es un hecho aislado o la evidencia de que este tipo de fraudes son más corrientes de lo que se sospecha?
-Creo que es un caso aislado. Normalmente, los procesos selectivos tienen garantizada con carácter general la objetividad y la transparencia. En esta Administración no hemos detectado que sea más habitual, pero sí que vamos a tomar medidas contundentes.
-¿Por dónde irán esas medidas que compromete para intentar reducir el riesgo de que estas prácticas irregulares se repitan en otras oposiciones?
-Estamos valorando el control de todo el proceso de impresión de los exámenes por parte de funcionarios. También, mejorar la custodia de los ejercicios y reforzar lo que es la objetividad, y que los opositores vean que hay más garantías. Hay cuestiones que se pueden mejorar. Podemos ir a una mayor profesionalización de los tribunales. Hay cuestiones que se van a estudiar para aumentar las garantías de transparencia y objetividad.
-Habla usted de profesionalizar los tribunales…
-Es un tema complejo, pero ya hay experiencias en este sentido en algunas comunidades autónomas que estamos estudiando.
-Habrán detectado que el número de opositores va en aumento en las últimas convocatorias. ¿El empleo público vuelve a tener tirón en Galicia?
-Sí que hemos detectado un cierto aumento de participantes, y también lo percibimos en la apertura de las listas para las sustituciones de carácter temporal. Pero es algo que no tenemos cuantificado.
-Algo tendrá que ver en ese repunte de la demanda el contexto creado por la crisis económica, que reduce las opciones de encontrar trabajo en la empresa privada.
-Claro. Cuando en la empresa privada hay menos oportunidades de empleo, la gente vuelve la vista hacia la Administración pública. Incluso estamos percibiendo que mucha gente de la que había solicitado un período de excedencia laboral está retornando a su puesto de trabajo en la Administración.
Fuente: Lavozdegalicia.es