Ya es sabido que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no está muy a favor del funcionariado y del empleo público, este marzo en la cámara regional generó polémica y lanzó una frases para la posteridad que ya nos dejó ver su opinión: «si todos los españoles fueran funcionarios, habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción», seguro que no es la única persona con esta opinión, pero es de extrañar que una persona con su cargo haga este tipo de declaraciones.
La inaguración del nuevo acceso a Alcalá de Henares desde la M -300 ha resultado de lo más sorprenderte, no por el acto en sí, sino por las declaraciones que hizo la Presidenta de la Comunidad contra los funcionarios.
Durante el acto de inaguración la Presidenta de la Comunidad hizo declaraciones como: «Es una vergüenza que quienes tienen un empleo fijo y garantizzao como los funcionarios tengan una subida del 5% cuando los precios bajan el 1% y cuando 7000 españoles van al paro todos los días», a lo que añadió refiriéndose a la funcionarios de la Comunidad de Madrid «si no hemos congelado el sueldo de los funcionarios es porque no nos deja el Estado».
Además Esperanza Aguirre también aprovechó el acto para reivindicar que se priorice el gasto público invirtiendo en lo que más se necesite y ahorrando en lo que no sea prioritario.
Ante estas declaraciones las críticas no se han hecho esperar. Juan Luis Martín Sierra, secretario de política sindical de UGT ha argumentado «con demasiada frecuencia carga contra los 200000 empleos públicos que trabajan para el Gobierno que ella preside. Parece que somos los culpables de la crisis o incluso de sus problemas políticos». «Es sorprendente que Aguirre hable de una subida del 5% cuando el incremento en la nómina de los empleados de la Administración regional es del 2%, establecido en los presupuestos del Estado».
Por su parte Juan Antonio Olmos, representante de CCOO, también ha hecho declaraciones al respecto ,«El convenio de los funcionarios públicos venció en diciembre de 2007 y se niegan a negociarlo». «Es una demagogia que arremeta contra el sueldo de los empleados públicos, cuando no se quiere sentar a negociar el convenio».
Sin duda la polémica está servida.