En Huelva recientemente se convocaron oposiciones para cubrir un total de 49 plazas, de los grupos A1 y A2 contenidas en las ofertas públicas de los años 2004-2008, pero es posible que estas oposiciones no lleguen a celebrarse porque desde la Subdelegación del Gobierno se ha solicitado la nulidad de estas oposiciones argumentando que no se ajustan a la legalidad al haberse convocado fuera de plazo.
La ley marca que las oposiciones convocadas por las administraciones públicas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde su anuncio, tiempo que en esta convocatoria ha sido ampliamente superado.
No obstante la Diputación de Huelva tiene la intención de seguir adelante con el proceso selectivo, y José Martín, portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, ha anunciado que habrá un proceso de litigio porque el ente provincial va a intentar seguir adelante y «defender la legalidad de la convocatoria».
Según ha defendido el portavoz de la Diputación «no está el patio para paralizar procesos de fijación de empleo, en este caso de interinos que llevan muchos años trabajando en la casa», a lo que ha añadido que «son plazas que tienen que salir y ellos tienen derecho a presentarse».
Mientras se culmina el proceso por el que se determine si la convocatoria es o no legal, los perjudicados son todos esos opositores que se han planteado presentarse a las oposiciones por la inseguridad que hay con el proceso.