El empleo de 13.200 discapacitados está en peligro

discapacitado

Según un estudio de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) en la actualidad en España hay más de 13.200 puestos de trabajo de personas discapacitadas en «grave riesgo».

Esta situación de peligro hace que la Federación pida al Gobierno la creación urgente de un fondo extraordinario de 200 millones de euros para evitar el «despido masivo» de este colectivo y el cierre de los centros y la la subvención del coste salarial del 50% al 75% del salario mí­nimo interprofesional para todos los trabajadores con discapacidad que mantengan el empleo.

José Marí­a Ibáñez, presidente de FEACEM, ha explicado que actualmente hay más de 1.700 empresas y 53.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad, que presentan un riesgo de destrucción de empleo para el próximo trimestre del 24%, lo que afectarí­a a la mitad de los centros especiales (CEE).

Además el informe también alerta de que en el 60% de los CEE la facturación ha descendido en un 21% en el primer trimestre de 2009 y la contratación en el mercado de las personas con discapacidad ha descendido un 20% y un 12% en los CEE. José Marí­a Ibañez comenta que «A esto se le ha añadido la falta de liquidez debido al gran problema por impagos, el retraso en las subvenciones y las dificultades de acceso a las lí­neas de crédito».

Entre las propuestas que se hacen en el estudio para mejorar la situación están:

  • La reserva a los Centros Especiales del 6% de los contratos del sector público.
  • Flexibilidad en la aplicación de los presupuestos transferidos a las comunidades autónomas destinados a creación de puestos de trabajo en CEE para que puedan ser destinados al sostenimiento de los mismos.
  • Agilizar el pago de las subvenciones públicas para garantizar la liquidez de estos centros.

Según el presidente de  FEACEM «Estas medidas son razonables, realizables y de escaso coste económico», y advirtió de que destruir un puesto de trabajo «es incrementar los gastos de dependencia y de servicios sociales y desactivar el dispositivo económico y empresarial que tanto esfuerzo público y de iniciativa social ha costado, en los últimos años».

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